viernes, 2 de diciembre de 2011

CONGRESISTA VERÓNIKA MENDOZA PROMUEVE REFLEXIÓN Y DEBATE EN TORNO A SEXUALIDAD, RELIGIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La Congresista Verónika Mendoza Frisch y la organización Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD Perú) llevaron a cabo hoy en el Palacio Legislativo la mesa de diálogo denominada: “¿Qué políticas públicas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos demandan los peruanos y peruanas?”.
La mesa de diálogo tuvo por finalidad difundir los resultados de la investigación “Sexualidad, Religión y Estado: Percepciones de Católicos y Católicas” que realizara el CDD Perú para analizar la demanda de la población en torno a políticas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, fomentando así una reflexión en  relación a las políticas públicas y medidas que el Estado debiera tomar para responder a estas problemáticas.
Los resultados –expuestos por la representante de CDD Perú Kelly Cieza- revelaron la pluralidad existente en las opiniones y prácticas de la población católica en asuntos ligados a la moral sexual, salud y reproducción, y la autonomía relativa que distingue dichas percepciones y conductas de los postulados oficiales de la Iglesia Católica, diferenciando claramente la esfera política de la religiosa y considerando que las políticas públicas deben estar definidas por la población, responder a sus derechos y no estar sujetas a imposiciones religiosas.
En su intervención, la Congresista Mendoza sostuvo que el Estado peruano es constitucionalmente laico como queda demostrado por las múltiples referencias que existen dentro de la Constitución a libertades (de información, de opinión, de enseñanza, etc.), derechos (a decidir en materia de maternidad y paternidad responsables) e instituciones (matrimonio) en base a una fundamentación laica –y no religiosa. Sin embargo, acotó, no es lo suficientemente laico cuando se trata de políticas y normas relativas a los derechos sexuales y reproductivos de la población, constatándose interferencias de posiciones eclesiásticas en la aplicación de normas ya vigentes o en la elaboración de nuevas políticas y normas que cumplan con las obligaciones –nacionales e internacionales- asumidas por el Estado en materia de derechos humanos. Se trata, señaló, de que las autoridades públicas actúen respetando la legítima opinión de las confesiones religiosas en el debate público pero sin tomar decisiones basadas exclusivamente en dichas intervenciones sino en el interés público general y particularmente en los derechos de los grupos socialmente más vulnerables, como las mujeres y las minorías sexuales.
La mencionada investigación fue comentada por el Dr. Marco Huaco, abogado y especialista en Ciencias Sociales de la Religión, quien resaltó que estos resultados revelaban claramente que la mayoría de la población católica respalda la necesidad de contar con un Estado laico que garantice sus derechos humanos en un marco de respeto a sus creencias religiosas.

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