CONGRESISTA SE SOLIDARIZA CON DEMANDAS DE CHUMBIVILCANOS, Y REALIZA UN URGENTE LLAMADO AL DIÁLOGO

 La Congresista Verónika Mendoza se solidarizó con las demandas realizadas por los pobladores de Llusco  y Quiñota (Chumbivilcas – Cusco),  no obstante,  hace un  urgente llamado al diálogo abierto entre el Gobierno Central y la población.

Ante los últimos actos de protesta realizados por pobladores de los distritos de Llusco y Quiñota, provincia de Chumbivilcas (cuyas tierras se encuentran entregadas en concesión para la extracción minera en más de 90%) la Congresista Verónika Mendoza hizo un llamado urgente para que se abra el camino del diálogo entre los pobladores y el Gobierno Central a fin de encontrar solución a  las demandas que vienen presentando desde hace más de un año.

Al respecto, la Congresista sostuvo que resulta prioritario que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, en trabajo conjunto con los Municipios y los representantes de las comunidades campesinas de los distritos de Llusco y Quiñota,  realice una supervisión, evaluación y fiscalización ambiental a las compañías Mineras Ares y Anabi SAC. Los pobladores de estos distritos afirman que vienen siendo gravemente afectados por el impacto ambiental de estas dos compañías mineras que ha afectado nevados, humedales, lagunas, ríos y otros ecosistemas.

“De hallarse responsabilidad en las compañías mineras involucradas, se deberá proceder a realizar las medidas correctivas y las sanciones que la ley establece, las cuales podrían implicar la suspensión de las actividades”.

Por otra parte, la Congresista Mendoza  resaltó la importancia de la aplicación de la Consulta previa antes del otorgamiento de concesiones mineras,  como una alternativa para evitar futuros conflictos sociales garantizando los derechos de las comunidades campesinas a un ambiente sano y a decidir sobre su desarrollo.

CONGRESISTA MENDOZA SE REÚNE CON REPRESENTANTES DEL SERNANP Y SALUDA MEJORA DE SALARIO PARA LOS GUARDAPARQUES A NIVEL NACIONAL

La Congresista Verónika Mendoza se reunió el pasado viernes 16 de diciembre con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, cuya misión es asegurar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales.

Durante el desarrollo de la reunión, el Jefe del SERNANP, Biólogo Félix Sandro Chávez Vásquez, manifestó que dentro de los objetivos institucionales para mejorar la gestión se había considerado otorgar  un incremento de sueldo para los guardaparques (contratados bajo la modalidad de CAS) quienes a la fecha perciben el sueldo mínimo aun cuando realizan una labor recargada y de gran responsabilidad y en la que muchas veces ponen en riesgo su integridad física y su vida misma. Así mismo, señaló que dicho aumento se financiará en un primer momento con recursos propios de la institución.

La Congresista Verónika Mendoza reconoció la dura labor que realizan los guardaparques a nivel nacional, felicitó y apoyó la iniciativa de la Jefatura de este organismo para mejorar el ingreso y la calidad de vida de sus trabajadores.

En la reunión también se abordó la necesidad de mejorar la normativa vigente para que antes del otorgamiento de las concesiones mineras se solicite la opinión del SERNANP respecto a la compatibilidad o incompatibilidad de determinadas actividades en áreas naturales protegidas y de esta manera prevenir posibles conflictos socioambientales y evitar que los concesionarios inviertan en Estudios de impacto ambiental sobre áreas en las que no podrá operar posteriormente.

La Congresista Mendoza hace votos a fin de que la nueva administración ministerial considere positivamente la labor de la actual Jefatura del SERNANP y de sus políticas, a fin de que sean objeto de continuidad y se fortalezca institucionalmente el Ministerio de Ambiente.

En sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos: Delegación de Espinar demanda ante Congresistas y Ministro reformulación de convenio marco con minera Xstrata Tintaya

La Congresista Verónika Mendoza promovió ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la presencia de una delegación conformada por el asesor legal de la Municipalidad Provincial de Espinar, representantes del Frente único de defensa de los intereses de Espinar y representantes de la Federación única de Campesinos de Espinar a fin de que presentaran, ante los congresistas miembros de la Comisión y ante el Ministro de Energía y Minas (cuya presencia fue previamente concertada), la demanda en la que solicitan se exhorte a la compañía minera Xstrata Tintaya a dialogar con los representantes de la población de Espinar y actualizar el Convenio Marco firmado el año 2003; puesto que los contextos en que fue firmado han cambiado sustancialmente y en vista del impacto ambiental, económico y social de los actuales proyectos, además del proyecto minero Antapaccay y la construcción del mineroducto que trasladará la producción de cobre y molibdeno de Las Bambas para su procesamiento en Espinar.

Al respecto, la Congresista Mendoza se comprometió a dar seguimiento a esta demanda, así como, a solicitar a las instancias del Estado correspondientes la información ambiental y de salud que no ha sido puesta a disposición de las autoridades y organizaciones sociales de Espinar.             

CONGRESISTA VERÓNIKA MENDOZA PROMUEVE REFLEXIÓN Y DEBATE EN TORNO A SEXUALIDAD, RELIGIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La Congresista Verónika Mendoza Frisch y la organización Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD Perú) llevaron a cabo hoy en el Palacio Legislativo la mesa de diálogo denominada: “¿Qué políticas públicas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos demandan los peruanos y peruanas?”.

La mesa de diálogo tuvo por finalidad difundir los resultados de la investigación “Sexualidad, Religión y Estado: Percepciones de Católicos y Católicas” que realizara el CDD Perú para analizar la demanda de la población en torno a políticas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, fomentando así una reflexión en  relación a las políticas públicas y medidas que el Estado debiera tomar para responder a estas problemáticas.

Los resultados –expuestos por la representante de CDD Perú Kelly Cieza- revelaron la pluralidad existente en las opiniones y prácticas de la población católica en asuntos ligados a la moral sexual, salud y reproducción, y la autonomía relativa que distingue dichas percepciones y conductas de los postulados oficiales de la Iglesia Católica, diferenciando claramente la esfera política de la religiosa y considerando que las políticas públicas deben estar definidas por la población, responder a sus derechos y no estar sujetas a imposiciones religiosas.

En su intervención, la Congresista Mendoza sostuvo que el Estado peruano es constitucionalmente laico como queda demostrado por las múltiples referencias que existen dentro de la Constitución a libertades (de información, de opinión, de enseñanza, etc.), derechos (a decidir en materia de maternidad y paternidad responsables) e instituciones (matrimonio) en base a una fundamentación laica –y no religiosa. Sin embargo, acotó, no es lo suficientemente laico cuando se trata de políticas y normas relativas a los derechos sexuales y reproductivos de la población, constatándose interferencias de posiciones eclesiásticas en la aplicación de normas ya vigentes o en la elaboración de nuevas políticas y normas que cumplan con las obligaciones –nacionales e internacionales- asumidas por el Estado en materia de derechos humanos. Se trata, señaló, de que las autoridades públicas actúen respetando la legítima opinión de las confesiones religiosas en el debate público pero sin tomar decisiones basadas exclusivamente en dichas intervenciones sino en el interés público general y particularmente en los derechos de los grupos socialmente más vulnerables, como las mujeres y las minorías sexuales.

La mencionada investigación fue comentada por el Dr. Marco Huaco, abogado y especialista en Ciencias Sociales de la Religión, quien resaltó que estos resultados revelaban claramente que la mayoría de la población católica respalda la necesidad de contar con un Estado laico que garantice sus derechos humanos en un marco de respeto a sus creencias religiosas.