CONGRESISTA VERÓNIKA MENDOZA PLANTEA OBSERVACIONES AL REGLAMENTO DE CONSULTA PREVIA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

En sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la Congresista Verónika Mendoza Frisch planteó diversas observaciones a la propuesta de Reglamento de Consulta Previa en ocasión de la exposición del Viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra Quispe, quien se presentó para hacer un balance del proceso de reglamentación de la ley de consulta previa del Poder Ejecutivo.

Luego de la intervención del Viceministro Lanegra, la Congresista Mendoza formuló una serie de observaciones sobre el proceso de reglamentación y las propuestas indígenas de CONAP y CCP que no fueron recogidas en la propuesta final de la Comisión Multisectorial.

Al respecto, cuestionó que la propuesta de Reglamento incluyera el concepto de “afectación directa” el cual es distorsionado como afectación “exclusiva” o afectación “inmediata” para reducir el ámbito de aplicación del derecho a la consulta previa (por ejemplo, para no consultar a poblaciones que son afectadas por proyectos mineros sin necesariamente vivir en la cuenca  inmediatamente vecina a la zona). La Congresista puntualizó que si bien es cierto el Convenio 169 habla de “afectación directa”, la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas señala “afectación”, siendo esta última un estándar contemporáneo que refleja un consenso internacional más amplio que el del Convenio 169 que no se presta a distorsiones.

Por otra parte Mendoza, también se refirió al tema de las concesiones mineras argumentando que no consultarlas atentaría contra la libre determinación de los pueblos y su derecho a tener su propia visión de desarrollo. Además, el derogado Reglamento N° 023-2011-EM sobre consulta en actividades minero energéticas, ya disponía que se consultara el otorgamiento de concesiones mineras, el de concesiones temporales eléctricas, el de concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos, etc.; sin embargo, de manera regresiva la propuesta de reglamento considera en su artículo 6.2, “que se debe consultar sólo al inicio de actividades en el campo de exploración o explotación”, actividad que se realiza posteriormente a la concesión minera.

En cuanto al deber de obtener el consentimiento (no solo la consulta), la Congresista Mendoza cuestionó que la propuesta de reglamento no haya incluido como caso de consentimiento la adopción de “medidas que comprometen significativamente las actividades económicas de valor cultural” de los pueblos indígenas” tal como lo dispuso el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso Ángela Poma contra Perú.

Finalmente la Congresista solicitó explicaciones sobre el criterio utilizado para decidir qué organizaciones indígenas serían parte de la Comisión Multisectorial y cuáles no, y sobre el método utilizado para hacer conocer a las bases indígenas el contenido del borrador de Reglamento antes de su discusión en los Encuentros Macro Regionales. Dada la poca claridad de las respuestas, Mendoza insistió nuevamente sobre el tema de las concesiones mineras, señalando que también éstas deberían ser consultadas pues afectan la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y además recordó que el Relator James Anaya había señalado categóricamente que éstas eran medidas consultables. El Vice Ministro finalmente manifestó que no podría pronunciarse sobre dicho punto hasta que la Presidencia del Consejo de Ministros adoptara el contenido definitivo del Reglamento.