lunes, 23 de julio de 2012

NO A LA IMPUNIDAD


Los abajo firmantes expresamos nuestro enérgico rechazo a la vergonzosa e indignante sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que ofende la memoria de las víctimas y de país al reducir la condena de los miembros del Grupo Colina, y manifestamos lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, para que un asesinato sea considerado como delito de lesa humanidad resulta necesario que su comisión sea realizada de manera sistemática, no inconexa o aisladamente. Tal como lo ha señalado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Expediente N° A.V. 19-2001-09), los asesinatos cometidos por el llamado Grupo Colina sí formaron parte de una política estatal dirigida a cometer sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales.

En noviembre de 2005 el Tribunal Constitucional declaró infundada una acción de amparo interpuesta a favor de Santiago Martín Rivas con el fin de que el máximo intérprete de la Constitución lo exculpara por haber sido juzgado anteriormente por el fuero militar. El Tribunal Constitucional (Exp. N° 4587-2004-AA/TC) señaló que dicho proceso obedecía a una política de estado tendiente a promover la impunidad en materia de violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por el Grupo Colina.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos constituyen derecho material para el Estado peruano, ha señalado en el Caso Barrios Altos (párrafos 41 y 42) que en el caso de los asesinatos cometidos por el Grupo Colina no procede la aplicación de la amnistía, ni la prescripción, pues dichos delitos contravienen “derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Es altamente cuestionable que la Sala Penal Permanente desestimara la recusación interpuesta contra el Juez Supremo Villa Stein (conocido por haber sido abogado de los Wollfenson y su prensa amarilla fujimorista y haber calificado los procesos y sentencias que enfrentaron como una persecución política), habiendo éste adelantado opinión cuando criticó públicamente la mencionada sentencia del caso Barrios Altos y cuando son públicos sus cuestionamientos a los derechos humanos y a las organizaciones que los promueven.

La sentencia trata de desestabilizar el sistema de protección de los derechos humanos por varios motivos. En primer lugar, al desconocer la sólida jurisprudencia nacional e internacional que califica a los asesinatos cometidos por el Grupo Colina, el fallo constituye una contravención a la Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En segundo lugar, al estimar la sentencia que los fallecidos no son parte de la población civil (página 165 de la sentencia), los magistrados concluyen que no se configura el delito de lesa humanidad (atipicidad). Por el contrario, para la Sala Penal Permanente se trata del delito de homicidio calificado. Esto tiene graves consecuencias en términos de beneficios penitenciarios, pues ahora los miembros del Grupo Colina tendrán derechos a ellos.

En tercer lugar, la Sala Penal Permanente entiende que en la medida que no hay una política de estado dirigida a asesinar a la población civil sino a terroristas, no es jurídicamente posible aplicar la autoría mediata en el aparato organizado de poder sino que se trata de una mera coautoría (página 191 de la sentencia). Esto evidentemente apunta a cuestionar la responsabilidad jurídico-penal de Fujimori y de Montesinos.

Finalmente, resulta indignante y repudiable que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema considere el asesinato del menor Javier Ríos Rojas (niño de ocho años al momento de ser asesinado) como un “exceso” en que incurrió el Grupo Colina (página 166, párrafo 165).

Invocamos al Presidente del Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura a que realicen las investigaciones correspondientes sobre la actuación de los Magistrados en este proceso.
Alertamos a la opinión pública sobre esta Sentencia, porque pretende servir de base para cuestionar y revisar las sentencias contra Fujimori y Montesinos u otros personajes funestos de la década de la dictadura.

Ratificamos nuestro compromiso por la lucha contra la impunidad, el respeto de los derechos humanos y la democracia.
  

Lima, 23 de julio de 2012.


Rubén Coa Aguilar

Javier Diez Canseco

Verónika Mendoza Frisch

Jorge  Rimarachín Cabrera

Rosa Mavila León

lunes, 16 de julio de 2012

CARTA ENVIADA A LA EMPRESA NEWMONT SOLICITANTO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO MINERO CONGA


“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad



   Lima, 11 de Julio de 2012.

  
Señor:
Richard T. O'Brien
President and Chief Executive Officer of
Newmont Mining Corporation
1080 Chukar Lane
Battle Mountain, NV 89820
Estados Unidos
          

Estimado Señor:

En nuestra condición de congresistas de la República del Perú, nos dirigimos a Ustedes para transmitirles nuestra profunda preocupación por los lamentables sucesos que vienen ocurriendo en las provincias de Celendín y Bambamarca de Cajamarca, Perú, vinculados a las operaciones de la empresa Minera Yanacocha.

La decisión de ejecutar el Proyecto Minero Conga, a cargo de la Cia. Minera Yanacocha, ha implicado no tener en cuenta los derechos ni la opinión de un importante sector de la población cajamarquina que se opone al proyecto. Tampoco se han desarrollado los mecanismos de diálogo pertinentes con las autoridades regionales y locales ni con los movimientos sociales de la región.

Este conflicto ya le ha costado al país -en la última semana- la lamentable cifra de 5 muertos, decenas de heridos y enormes pérdidas materiales. El manejo del gobierno ha sido muy malo; y dentro de este, la política seguida por el gabinete presidido por el Sr. Oscar Valdés para afrontar el conflicto ha estado marcada por la falta de disponibilidad para el diálogo, la intransigencia, la represión y la detención de los dirigentes. En otras palabras, una preocupante orientación autoritaria que reitera las prácticas de regímenes anteriores que se pensaban ya superadas.

Ello solo ha contribuido a exacerbar el conflicto y elevar el número de vidas humanas perdidas, así como la reciente militarización de la región, la imposición de un estado de excepción y el recorte de las garantías constitucionales y los derechos democráticos de la población.

Las declaraciones públicas del señor Roque Benavides, representante de Minas Buenaventura y socio vuestro en este proyecto, contradiciendo las declaraciones del Presidente Humala sobre las condiciones que debería asumir la corporación a la que Ustedes pertenecen para ejecutar dicho proyecto minero, han agravado la compleja situación en la que se desarrolla el conflicto.

Cabe anotar, que estas implicaban garantizar la no utilización de las dos lagunas más altas, Azul y Chica, para depositar en ellas el desecho de la explotación; generar 10,000 empleos directos; cuadriplicar la dotación de agua en la zona y generar un Fondo de Desarrollo Social (FDS) con aportes de la empresa (sobre cuyo monto, duración y manejo nunca se ha hablado).

Newmont Mining Corporation proclama en su Visión la aspiración de ser la más valorada y respetada compañía minera y líder de la industria por su desempeño, que sus valores fundamentales son la integridad, la verdad y el respeto; así como, que su gestión se desarrolla en resguardo de la salud, el medio ambiente y la responsabilidad social. Todo lo cual solo puede asumirse si se respetan efectivamente los derechos humanos fundamentales de la población y comunidades que viven en el entorno de sus actividades.

Por todo ello, nos permitimos preguntarle si la Corporación que Usted representa estaría dispuesta a mellar su reputación internacional impulsando un proyecto que no tiene licencia social; o si, ante las circunstancias descritas, Newmont estaría en la posibilidad de suspender temporalmente la ejecución del proyecto minero Conga hasta que se establezcan las condiciones necesarias para entablar un diálogo fructífero, serio y responsable que permita dejar establecido si tiene licencia social y si aporta al desarrollo de los pueblos de la región.

No tenemos duda, señor Presidente, que sería también necesario que la empresa Yanacocha S.A. explicite formalmente su posición sobre las cuatro condiciones que el Presidente de la Republica del Perú estableció recientemente.

Sin otro particular, y agradeciendo anticipadamente su respuesta a la presente, quedamos de Usted.

Atentamente,


VERÓNIKA MENDOZA FRISCH
JAVIER DIEZ CANSECO 
ROSA MAVILA LEÓN 
RUBÉN COA AGUILAR


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jueves, 5 de julio de 2012

PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONGA


PRONUNCIAMIENTO

Ante los graves sucesos que aquejan a nuestro país y ponen en riesgo a nuestra democracia, los congresistas que suscribimos este pronunciamiento manifestamos lo siguiente:

1.      Lamentamos y condenamos enérgicamente la muerte de cinco (5) ciudadanos peruanos y decenas de heridos en Celendín y Bambamarca en el marco de los conflictos sociales. Extendemos nuestras condolencias a los familiares y exigimos una pronta y eficaz investigación para determinar los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.

2.      Hacemos un llamado a todos los involucrados en este proceso a la tranquilidad, al respeto de la diferencia y al rechazo de toda forma de violencia venga de donde venga. Es inaceptable que en menos de un año, el Gobierno de Ollanta Humala haya acumulado la lamentable cifra de 17 peruanos muertos en el marco de los conflictos sociales.

3.      Exigimos la suspensión temporal de las operaciones del proyecto minero Conga, para que se generen las condiciones necesarias para un diálogo responsable y serio.

4.      Exigimos la conformación de una comisión de alto nivel, encabezada por una personalidad independiente (aceptada por todos los actores) e integrada por ministros, autoridades nacionales, regionales y locales y representantes de las organizaciones sociales de Cajamarca.

5.      Exigimos el fin de la política de represión y criminalización de la protesta social. Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas, la manera violenta y arbitraria en la que ha sido detenido el padre Marco Arana, así como las acciones de violencia contra periodistas y hasta comisionados de la Defensoría del Pueblo por parte de las fuerzas del orden.

6.      Exhortamos a la población de Cajamarca a no caer en provocaciones que buscan desencadenar violencia contra la protesta justa en defensa de la vida y del medio ambiente, y a ejercer sus derechos en un marco de serenidad y calma que evite la pérdida de más vidas humanas o que cause daño contra la propiedad pública o privada.

7.      Exigimos la renuncia inmediata del Primer Ministro Óscar Valdez Dancuart y del Ministro del Interior Wilver Calle Girón, por su manifiesta incapacidad política y administrativa para resolver la conflictividad social que existe en esa región.

                                                                                             
                                                                                               Lima, 05 de julio de 2012

 

Verónika Mendoza Frisch
Jorge  Rimarachín Cabrera
Rubén Coa Aguilar
Javier Diez Canseco
Rosa Mavila León