El
Dr. David Salisbury, profesor de Geografía de la Universidad de Richmond,
Estados Unidos, ofreció una conferencia magistral en la que explicó los
posibles impactos negativos de la conectividad terrestre entre Tahuamanu y
Purús sobre una amplia área de zonas protegidas del Perú y Brasil. Presentó los
resultados de un estudio elaborado con el estudiante George Appling en el Laboratorio de Análisis
Espacial de la Universidad de Richmond en base a datos transfronterizos en el
que usaron un Sistema de Información Geográfica para elaborar un mapa de los
103 ríos y tributarios y los 105 kilómetros de la zona.
El Viceministro de
Interculturalidad Iván Lanegra, señaló que para que un proyecto
de esta magnitud se lleve a cabo debería tomarse en cuenta los derechos
colectivos de los pueblos indígenas así como la Ley de Consulta Previa.
A
su turno, el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, comentó que una obra como la
mencionada provocaría un desastre ecológico por el grave impacto que tendría en
la zona. Asimismo estimó que esta carretera podría costar unos 300 millones de
dólares mientras que un puente aéreo permanente entre Pucallpa y Puerto
Esperanza bordearía sólo los 100 millones de dólares.
A su vez, la
dirigente Flora Rodríguez, Secretaria de la Mujer de la organización indígena FECONAPU
expresó que la conectividad terrestre generaría más tala ilegal, más presencia
de colonos, más destrucción de la cultura de los pueblos indígenas y serio peligro
de desaparición de los pueblos en aislamiento voluntario.
La Economista Carmen Ferreyros Trigoso,
representante de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
señaló que a pesar de su origen ucayalino, lamentablemente como técnica del
Ministerio de Transportes tenía que desestimar completamente la posibilidad de
una conectividad terrestre ya que sería ineficiente, caro, y sobre todo
atentatorio perjudicial para la población indígena.
Luego de la exposición
magistral del representante de la comunidad indígena de Purús, Alfredo del
Águila, en la cual éste expresó que la comunidad reclamaba su derecho a elegir
libremente cuáles serán sus formas de desarrollo, que respeten su cultura y señalaba
que la falta de políticas públicas en la zona no se solucionaba con la construcción de una carretera.
Abierto el segundo
panel, intervino el Congresista fujimorista Carlos Tubino autor del polémico
proyecto de ley 1135-2011/CR que propone la conectividad terrestre, comparando
la situación
de Puerto Esperanza como la de una “cárcel” por su escasa conexión aérea,
servicios públicos, carencia y sobrecostos de alimentos, etc. Sin embargo,
el Presidente de AIDESEP Alberto Pizango señaló que para los indígenas de Purús
dicha zona no era una cárcel sino un lugar donde desarrollaban su buen vivir,
planteando que ellos no eran pobres pues, en sus palabras: “tenemos nuestros
ríos donde pescamos nuestros alimentos,
tenemos nuestros territorios donde cosechamos frutas y verduras y tenemos carne
del monte que cazamos de acuerdo a nuestra cultura ancestral. Tal vez, el
Congresista Tubino piense que la riqueza solo es tener un poco más de dinero,
pero para nosotros esa no es la mejor forma de desarrollo y de crecimiento”, expresó.
En
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director de Desarrollo e Integración
Fronteriza de la Dirección General de América Embajador Félix Denegri hizo
un balance de los avances del Plan de Acción Purús implementado en el 2008 para
solucionar los principales problemas económico-sociales que enfrenta esa
provincia. Dijo que la primera etapa de este proyecto ha culminado con
resultados positivos.
Finalmente, la Congresista
Verónika Mendoza afirmó que la “conectividad debería
realizarse en armonía con la diversidad biológica y cultural a fin de lograr un
desarrollo sostenible que reamente beneficie a la población y que respete el
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario de la zona”, señalando además que este evento era el
inicio de una serie de conversatorios que se darían en el Congreso hasta que se
entienda que cualquier acción que pueda afectar a las comunidades amazónicas deberá
tomarse bajo el respeto al derecho a la consulta previa y sin pasar por encima
de sus decisiones. A modo de resumen subrayó la necesidad de tomar
en cuenta en este debate a las nueve etnias que viven en Purús, las especies animales
en peligro de extinción, los ecosistemas frágiles y los 103 arroyos -que
desembocan en Brasil y Bolivia- que resultarían afectados por esta vía.
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