Febrero 2013
Estos son, aquí están…
Cuando el movimiento social marca la agenda política
Por: Verónika Mendoza
Congresista de la República
Tambogrande, Tía María, Bagua, Conga, Espinar, etc., han hecho correr mucha tinta, o rebotar muchos twitts, según el caso. Y las lecturas que se han hecho de estos procesos han sido diversas. Lo cierto es que detrás de estos topónimos hay movimientos sociales cuya principal plataforma ha sido la defensa de los recursos naturales. Movimientos sociales que han revelado los límites de un modelo de desarrollo basado en la extracción de materias primas, que genera graves impactos sociales y ambientales y sin embargo mantiene una débil institucionalidad estatal concebida con un criterio que prioriza lo económico en desmedro de lo social y lo ambiental, cuya balanza se inclina fácilmente a favor de los intereses empresariales en perjuicio de las poblaciones que se ven afectadas por los impactos de los proyectos extractivos.
A pesar de ello, y a pesar de la invisibilización o la represión y criminalización por parte del gobierno, estos movimientos sociales han planteado sus “plataformas de lucha” con tanta fuerza y persistencia que han logrado colocar temas en la agenda nacional y el gobierno se ha visto obligado a recogerlos. En algunos casos lo han empujado a plantear reformas institucionales. Aunque a veces sean demasiado tímidas o vengan “con trampa”, constituyen avances que son, en buena cuenta, logro de los movimientos sociales.
Procesos como los de Tambogrande o Bagua aceleraron las condiciones para la aprobación de la Ley de consulta previa. Los procesos de Tía María, Majes Sihuas o Conga revelaron las deficiencias del sistema de certificación ambiental (la aprobación de los famosos Estudios de impacto ambiental). El actual gobierno tuvo que constituir una Comisión multisectorial para proponer una nueva relación con las industrias extractivas. La primera propuesta de esta comisión ha sido la creación del Servicio nacional de certificación ambiental (SENACE), una entidad adscrita al Ministerio del ambiente que sería la encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental. Aunque la propuesta tenga algunas deficiencias y sea más “tímida” que otra anteriormente aprobada en la Comisión de pueblos indígenas, ambiente y ecología del Congreso, no hay duda de que constituye un paso positivo.
En Espinar se ha evidenciado que los monitoreos ambientales participativos no garantizan la credibilidad necesaria por falta de mecanismos de verdadera participación, transparencia y de análisis integral de resultados. Del proceso en curso de Espinar se derivarán sin duda importantes reformas institucionales en esa materia.
Otro tema que ha sido puesto en la agenda política por los movimientos sociales es el del “derecho al agua”. El gobierno ha presentado como iniciativa suya el reconocimiento del derecho al agua como derecho constitucional. Pero dos cosas vienen a matizar su triunfalismo. La primera es que la propuesta ya fue presentada por varios congresistas a raíz de la Marcha del agua de febrero pasado. La segunda es que la propuesta no recoge verdaderamente lo que el movimiento social ha estado exigiendo. Y es que el gobierno ha planteado el tema del agua desde un enfoque consumista. En cambio, el movimiento social lo ha hecho desde un enfoque integral, ecosistémico. El gobierno habla de reservorios como garantía de agua, el movimiento social plantea la protección de las fuentes de agua naturales y la biodiversidad que garantizan.
En esa línea, Bolivia y Ecuador han avanzado en reconocer en sus Constituciones no solamente el derecho al agua sino que han incorporado una perspectiva más integral y más intercultural, llegando a reconocer incluso los derechos de la naturaleza. Así, la Constitución ecuatoriana le reconoce a la “Pachamama” el “derecho a existir, a perdurar, mantener y regenerar sus ciclos vitales (…)”. En Bolivia se ha aprobado incluso la “Ley de derechos de la Madre Tierra” donde ésta es definida como “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparte un destino común”. Concepciones que van mucho más allá de simples reservorios.
Esta propuesta implica un enfoque integral, ecosistémico e intercultural. E implica, sobre todo, una concepción ética pues no se trata solamente de pensar en el agua suficiente para el consumo inmediato sino pensar también en el agua que debemos preservar para las generaciones futuras.
Verónika Mendoza
LA CONSULTA PREVIA: DE LA RETÓRICA A LA PRÁCTICA
"El Estado peruano se resiste a entender que la consulta previa es mucho más que un trámite administrativo, que es un proceso integral de participación plena de los indígenas en la toma de decisiones que los afecten, un proceso de diálogo intercultural en el que se debe tomar en cuenta la propia visión de desarrollo de los pueblos indígenas"...
Por: Verónika Mendoza
Congresista
de la República
Desde
una perspectiva histórica, en el proceso de reconocimiento y acercamiento entre
el Estado y los pueblos indígenas, a pesar de algunas contramarchas, hay
importantes avances que son fruto de las luchas persistentes de las
organizaciones indígenas y sus aliados a nivel nacional e internacional.
Con
la implementación de la consulta previa, después de 17 años de vigencia, apenas
se empieza a poner en práctica el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, que reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas basados
en el principio de su libre determinación. Sin embargo, estos avances no se
encuentran exentos de falencias ni de omisiones que corresponde a todos
contribuir a superar.
LA CONSULTA PREVIA EN EL PODER EJECUTIVO: PROBLEMAS Y
REISGOS
Ell Poder Ejecutivo aprobó un Reglamento de Consulta Previa que,
en diversos aspectos, no hace justicia al Convenio 169 ni a los demás tratados
de derechos humanos. La versión final incluyó normas que no fueron dialogadas
ni consultadas a las organizaciones indígenas, y se aprobaron normas en abierto
desacuerdo con éstas, sin explicar debidamente la razón, conforme lo establece
el principio de buena fe del citado Convenio. Entre los principales problemas
del Reglamento está el hecho de que se plantea la consulta “previa” en el caso
de proyectos extractivos no previamente sino luego de la concesión, en el
momento de “inicio de operaciones”; se restringe el derecho de los pueblos
indígenas a nombrar a sus representantes para el proceso de consulta; se otorgan
excesivos poderes al Vice Ministerio de Interculturalidad para vetar el inicio
de procesos de consulta en el ámbito de los gobiernos regionales; se exonera de
la consulta a los proyectos de infraestructura educativa y otros, en la lógica
de que aquello que —a criterio unilateral del Estado— “beneficie” a los
indígenas no tiene por qué ser consultado.
Con
base en este Reglamento, se prevé efectuar el primer proceso de consulta previa
para el cambio de concesionario del lote 192, en Loreto. Este proceso será
clave, por ser el primero y ser que ya hay un primer escollo que superar: la
entidad encargada de realizar el proceso de consulta, Perúpetro, ha señalado
que hará la consulta “previa”… después de otorgada la buena pro. Es decir,
cuando ya las condiciones económicas, sociales y ambientales han sido definidas
entre el Estado y la empresa, y sin participación indígena en el proceso de
licitación que garantizaría que se tomen en cuenta diversas demandas de los
pueblos del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón luego de 40 años de
explotación —y contaminación— petrolera. El Estado peruano se resiste a
entender que la consulta previa es mucho más que un trámite administrativo, que
es un proceso integral de participación plena de los indígenas en la toma de
decisiones que los afecten, un proceso de diálogo intercultural en el que se
debe tomar en cuenta la propia visión de desarrollo de los pueblos indígenas.
Perúpetro ha señalado que hará la consulta “previa”… después de
otorgada la buena pro. Es decir, cuando ya las condiciones económicas, sociales
y ambientales han sido definidas entre el Estado y la empresa, y sin
participación indígena en el proceso de licitación.
LA CONSULTA PREVIA EN EL PODER LEGISLATIVO: UNA TAREA PENDIENTE
El escenario no es mejor en el Poder Legislativo. Resulta
contradictorio que el ente que aprobó el año pasado la Ley de Consulta Previa
—y por unanimidad— aún no implemente sus procedimientos. Luego de aquel momento
histórico, curiosamente no se volvió a hablar más del tema en el Congreso. El
resultado es que varios proyectos de ley que afectan derechos de pueblos
indígenas se han visto entrampados en la Comisión de Pueblos Indígenas,
Ambiente y Ecología, proyectos que versan sobre institucionalidad estatal
indígena, coordinación entre justicia indígena y justicia estatal, organización
de comunidades campesinas, etcétera. Esta situación revela la urgencia de
incorporar un procedimiento de consulta previa en el Congreso.
Por
ello, se ha presentado un proyecto de ley que propone un reglamento de consulta
previa de medidas legislativas para que el Parlamento tenga reglas operativas
claras y obligatorias cada vez que prevea aprobar una ley o resolución
legislativa que pueda afectar a los pueblos indígenas. Este proyecto de ley se
puso en conocimiento previo de varias organizaciones indígenas para poder
recoger sus aportes antes de presentarlo formalmente. En él se propone que las
organizaciones indígenas participen desde el mismo proceso de elaboración de
los proyectos de ley que los afecten, en su etapa de estudio en comisiones
hasta la adopción del dictamen que será discutido en el Pleno. Y se propone que
la consulta previa propiamente dicha se realice entre la primera y la segunda
votación del dictamen por parte del Pleno del Congreso. Solo una vez que éste
haya debatido y dado forma a lo que es su voluntad colectiva se puede consultar
a los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo o
consentimiento sobre dicha medida. El resultado final dependerá del diálogo
intercultural de buena fe realizado entre el Congreso y los pueblos
involucrados.
¿Y la institucionalidad estatal indígena?
Ahora bien: más allá de las herramientas normativas específicas
está la voluntad política de los gobiernos de respetar estos derechos e implementarlos.
Y para una aplicación real, el derecho a la consulta tiene que entenderse como
parte de un bloque normativo y conceptual mayor en el que están el derecho de
los pueblos indígenas a la participación en todos los procesos que los afecten
y el derecho a su autonomía organizativa, todo esto en el marco del principio
de la libre determinación. Esto implica una serie de otras reformas en el
Estado, como la implementación de una institucionalidad que defina y coordine
políticas y programas intersectoriales con participación indígena permanente e
institucionalizada. Hoy, ni el Vice Ministerio de Interculturalidad ni, mucho
menos, el INDEPA —reducido a una unidad ejecutora— cubren esta expectativa.
Estamos,
pues, ante un panorama complejo y lleno de desafíos, en un proceso de diálogo
intercultural que supone acercar dos mundos entre los cuales hasta ahora ha
primado la desconfianza mutua. Se trata de construir nuevos paradigmas, todo un
reto para nuestra democracia.
1. Se trata del proyecto de ley 1183-2011-CR presentado por mi despacho en mayo de este año y que ha sido derivado a la Comisión de Constitución y reglamento del Congreso de la República.
¿La corrupción del
sistema o el sistema de la corrupción?
Verónika
Mendoza
La
corrupción tiene múltiples formas y factores. Formas que van desde las más
sutiles y socialmente toleradas hasta las más delincuenciales y unánimemente
condenadas. En la esfera política las formas van desde el soborno para la
priorización de un trámite hasta las malversaciones y los fraudes con fondos
públicos. Formas de corrupción como éstas se dan en todos los regímenes
políticos y económicos.
¿Por qué entonces seguir favoreciendo este tipo de políticas
asistencialistas tan poco eficaces, tan poco sostenibles y tan propicias a prácticas
corruptas? ¿Por qué no poner más énfasis en políticas que permitan la diversificación
de la economía y la articulación de los mercados locales para generar
condiciones de empleo digno y sostenible? ¿No será que la primera alternativa
es más rápida y rentable en términos de réditos políticos? Desviar así los
fondos públicos para medidas efectistas y populistas en lugar de invertir en
políticas productivas y políticas sociales universales, ¿no es acaso una forma
de corrupción? Es una pregunta que debemos tener presente permanentemente.
¿ES TAN DIFÍCIL GOBERNAR SIN "MANO DURA"?
Por Verónika Mendoza.
En el balance de este primer año de gobierno hay un consenso casi general en señalar –algunos con alivio, otros con gran decepción- el alejamiento progresivo de los compromisos políticos y programáticos de la Gran Transformación y de sus bases sociales. Muchos señalan que esto era de esperarse puesto que este gobierno fue elegido con la Hoja de ruta, pero cabe precisar que ésta no contradice el programa de la Gran Transformación, sino que prioriza y puntualiza algunos aspectos y es, principalmente, un compromiso con la democracia cuyo fundamento está en el respeto de los derechos fundamentales, precisamente aquellos que han sido gravemente vulnerados en los últimos conflictos sociales. Algunos pretenden plantear el tema de los conflictos sociales como un tema aislado, pretenden que todo va sobre ruedas excepto por ese “detalle”. Más bien los conflictos sociales y su pésimo manejo por parte del gobierno son síntomas de una débil institucionalidad y de los límites de cierto modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo centralista, que se impone con el chantaje o la represión, que no se dialoga ni se construye participativamente, que promueve la concentración de la propiedad y el poder, que no promueve ni articula mercados locales, que exige resultados inmediatos y en el que no se asume un compromiso ético con las generaciones futuras.
En lugar de cuestionar y transformar este modelo de desarrollo el gobierno se ha empecinado en mantenerlo tal cual, aunque para ello haya requerido poner “mano dura”. Y para justificar esa decisión ha adoptado la vieja teoría de la conspiración “roja” desestabilizadora del gobierno. Según esta teoría, si ayer los culpables de todo fueron los humalistas financiados por Chávez, hoy son los antimineros financiados por ONGs ambientalistas. Pero algo falla en esa teoría porque nos dicen que esos antimineros son un grupo minúsculo pero no nos explican cómo logran movilizar a decenas de miles de personas supuestamente con engaños. ¿Pretenden acaso que la gente que protesta no tiene raciocinio propio? En esa teoría hay un trasfondo discriminatorio, el mismo según el cual algunas vidas valen más que otras, algunas muertes merecen ser investigadas antes que otras.
El gobierno ha preferido contar ese cuento de la conspiración antes que abordar los problemas de fondo y enrumbar transformaciones mayores que, en el balance del primer año de gestión, han estado ausentes o son deficitarias. Hablemos tan solo de algunas de éstas: institucionalidad ambiental, descentralización, ordenamiento territorial, consulta previa.
La débil institucionalidad ambiental se ha visto reflejada en los conflictos socioambientales que constituyen más del 70% de los conflictos sociales vigentes. Urgen cambios para darle credibilidad, por ejemplo, la transferencia de la función de aprobación de los estudios de impacto ambiental desde los sectores que promueven la inversión al Ministerio del ambiente, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, la transparencia y la participación en los mecanismos de monitoreo y vigilancia ambiental. Hasta ahora no se ha promovido reformas que vayan en ese sentido, aunque recientemente se ha constituido una comisión multisectorial para fortalecer la institucionalidad ambiental que esperemos tenga pronto anuncios positivos.
Otra de las grandes reformas estancadas es la de la descentralización. Si bien se ha seguido el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales, en la práctica se ha limitado a lo meramente administrativo. Está pendiente un proceso de descentralización fiscal y de flexibilización del SNIP. No se ha avanzado en el proceso de ordenamiento territorial con y desde las regiones. Y encima se está instalando un discurso que apunta a la recentralización con propuestas que pretenden recortar las funciones y capacidades de los gobiernos regionales y locales, y disminuir su legitimidad política. Pero lo más grave es que se ha optado por prácticas amedrentadoras contra autoridades locales o regionales que han asumido posiciones discrepantes con el gobierno central: recordemos que el MEF mantuvo bloqueadas las cuentas de la Municipalidad provincial de Espinar durante más de 40 días y esto incluso después de iniciado el proceso de diálogo, y que las desbloquearon diciendo que la Municipalidad recién había dado muestras de que iba a manejar bien sus fondos. Un discurso paternalista además de centralista.
En lugar de impulsar procesos de ordenamiento territorial y de diversificación de la economía se ha fortalecido un fundamentalismo extractivista expresado en clichés como “sin minería no hay desarrollo”, y aquellos que presentan una legítima preocupación por problemas de contaminación por efectos de actividades extractivas son tildados de “enemigos del desarrollo”.
En cuanto a la relación entre pueblos indígenas y Estado, después del impulso inicial con la aprobación de la ley de consulta previa, hemos visto un reglamento restrictivo en cuanto a derechos de los PI y no vemos una voluntad política clara de consultar previamente en temas que tienen que ver con los territorios de los PI y los recursos naturales que se encuentran en éstos.
Entonces, ¿de qué desarrollo hablamos si se sigue decidiendo desde la capital sin consultar ni a los PI ni a las poblaciones locales ni a sus autoridades qué va a pasar con sus territorios? ¿De qué desarrollo hablamos si aquellos que proponen alternativas de desarrollo diferentes al extractivismo, como complementarias de éste, son tildados de extremistas? ¿De qué desarrollo hablamos si nuestra diversidad cultural es reconocida solamente como atracción turística? ¿De qué desarrollo hablamos si éste no se construye participativamente sino que se impone con “mano dura”?
¿Ese es el desarrollo que queremos? Necesitamos espacios discursivos y de acción que promuevan esa discusión. Necesitamos un discurso de país, un proyecto nacional, un horizonte, y para eso no bastan técnicos, hacen falta políticos. Hace falta un gabinete más político, más dialogante. Pero hace falta también una verdadera oposición democrática, responsable, constructiva, que plantee esa discusión desde la perspectiva de los sectores populares y progresistas, desde la izquierda. Sí, la izquierda, un espacio de articulación política y social en el que se construyan contrapesos a la actual hegemonía de la política de “mano dura” representada por el gobierno y sus nuevos aliados. Esa articulación debería estar expresada también en el Congreso, claramente visibilizada y con una identidad política clara. La pluralidad es lo propio de la democracia.
Artículo publicado en Hildebrandt en sus trece, 20 de julio 2012
FOLLETO SOBRE EL PROYECTO MAJES SIGUAS II
Folleto elaborado por el Despacho de la Congresista Verónika Mendoza con el objetivo de contribuir a la comprensión del proyecto Majes Siguas II, sus implicancias en el ambiente y para las comunidades de su área de influencia y así contribuir a una solución dialogada, consultada y concertada.
BOLETINES PUBLICADOS:
A continuación encontrarás los link que te llevarán a los boletines publicados por el Despacho de la Congresista Verónika Mendoza Frisch.
La Gran transformación, ¿sigue en marcha?
Verónika Mendoza
Cuesta arriba
Los retos que enfrenta este gobierno no son pocos ni pequeños: Remontar 20 años de hegemonía neoliberal, de múltiples conservadurismos en varios planos de la vida social, de miedos sembrados por el terrorismo, la violencia política y sus correspondientes secuelas de control social por un lado y de fragmentación y criminalización de la movilización social por el otro. Todo esto con las consiguientes múltiples brechas y desigualdades sociales y económicas heredadas del periodo fujimorista y que una década de crecimiento no ha podido disipar.
El escenario es aún más complejo en vista de que los resultados de la primera vuelta obligaron a Gana Perú, para derrotar al fujimorismo, a construir una alianza con la centro-derecha demo liberal. Ciertamente toda política de compromiso supone necesariamente moderar algunas aspiraciones y/o avanzar más lentamente en los objetivos trazados. Y fue justamente eso lo que expresó “la hoja de ruta”, en la segunda vuelta. Así, el primer gabinete Lerner, representó esa compleja y amplia coalición social y política cuyas fuerzas respondían programáticamente a estos dos momentos: nacionalismo e izquierda en la “Gran Transformación”; centro izquierda y centro derecha liberal por la continuidad del modelo económico. Además, el sistema electoral peruano estableció la singularidad de que los congresistas fueron elegidos en primera vuelta, con compromisos políticos y electorales que tienen como referente el programa de “la Gran transformación”.
La propuesta de la Gran transformación apostaba a modificar el esquema anteriormente expuesto, fortaleciendo y a la vez democratizando el Estado. Modificar una institucionalidad diseñada para favorecer ciegamente la inversión, cual ley del embudo: ancha para la gran inversión y estrecha para las comunidades y el ambiente, dándole mayor capacidad de fiscalización al Estado y más poder a los ciudadanos y comunidades. Pero los problemas heredados de las gestiones anteriores estallaron prontamente y el Ejecutivo, más allá de las formas de conducción –donde ciertamente hubo errores de coordinación y coherencia- tuvo que responder desde la actual institucionalidad. En ese sentido, existe una tensión no salvable en el corto plazo que marcará la coyuntura, pues los tiempos de la reforma institucional son mucho más lentos que los de la movilización. El manejo político tiene límites cuando hay problemas estructurales de fondo y ahí es donde hay que apuntar.
Al mismo tiempo han habido algunos avances reconocidos por amplios sectores sociales: la Ley de Consulta Previa –de la que esperamos un reglamento que se adecúe a los estándares en derecho indígena establecidos en el Convenio 169 de la OIT-, la orientación de inclusión en las políticas de Gobierno que se expresa en la creación del Ministerio de Inclusión social, el impuesto a las mineras, el incremento del salario mínimo y una política de defensa de los trabajadores que debe expresarse en la eliminación del CAS y la aprobación de la Ley General del Trabajo. Queda claro que falta mucho, muchísimo, pero aquí los deseos también tienen que someterse a la dura prueba de los procesos concretos y las condiciones reales.
Los de arriba y los de abajo
En este marco, “los de arriba”, la derecha y los poderes fácticos (que no es lo mismo pero es igual) derrotados en la segunda vuelta, han jugado astutamente su partido, buscando orientar al gobierno hacia sus posiciones conservadoras. Más allá de las metáforas de “secuestro” o “captura”, lo cierto es que estos sectores se han movido con mucha astucia y coordinación: por un lado, han brindado un sólido apoyo y cobertura a sus aliados en el gobierno, acrecentando su poder; en cambio a sus adversarios y representantes de “la Gran transformación” en el gobierno y en el Congreso les han dado, desde el primer minuto de juego, fuego sostenido. En esta segunda táctica en la que hasta ahora han tenido gran éxito, siguen empeñados hoy. Como antes lo hicieron con Aida García o con Soberón, hoy la emprenden con Abugattás, Rimarachín y la Ministra Salas.
Entretanto, muchos sectores movilizados plantean demandas legítimas y mal haría el gobierno en apelar a la criminalización de la protesta como lo hiciera el gobierno anterior. Los actos represivos y la descalificación de quienes aparecen como figuras en estos sectores movilizados no permite ver los temas de fondo, la legitimidad de las demandas de las poblaciones como en Cajamarca o Chumbivilcas.
Para que este gobierno pueda verdaderamente representar a las grandes mayorías y a los sectores tradicionalmente excluidos debe tender puentes con el movimiento social, en un diálogo abierto y de buena fe, no para imponer visiones sino para construirlas consensuadamente.
Más allá de la “inclusión social”
Pero el gran reto es empezar a poner nuevamente a debate el modelo económico. Se está reinstalando la idea de que este modelo económico neoliberal es el único viable, inexorablemente. El “crecimiento con inclusión social” es un primer paso pero es insuficiente porque no cuestiona el modelo económico primario exportador, meramente extractivista. El Perú necesita programas sociales, sin lugar a dudas, pero necesita sobre todo creación de empleo.
La derecha ha emprendido una feroz campaña -ideologizada- en la cual la actividad minera es presentada como la principal fuente de recursos, trabajo y casi exclusivo motor de desarrollo. No cabe duda de que la minería es una actividad importante y de que sería iluso pretender prescindir de la misma, pero no podemos partir de supuestos que resultan siendo falsos. Para muestra algunos datos: si el sector minero aporta con el 16% del total de los ingresos tributarios y regalías, contribuye con alrededor del 5% al PBI, mientras que el sector agropecuario aporta alrededor del 7%; si el sector minero ocupa alrededor del 1% de la Población económicamente activa, el sector agropecuario ocupa más del 30% de la PEA. Es preciso subrayar también que el modelo económico extractivista y primario exportador nos hace dependientes de los vaivenes del mercado internacional -donde se anuncia una crisis- que agota los recursos naturales y acentúa la desigualdad económica y social. Es un modelo que mira hacia afuera en desmedro de los mercados internos, y se basa en el “cholo barato”, no crea empleos ni ingresos decentes, y a penas genera economías de enclave con escasa articulación a la economía nacional.
Otro riesgo del modelo extractivista es que suele acompañarse de un debilitamiento de la democracia porque no respeta los proyectos de vida y las visiones de desarrollo de las poblaciones locales y se impone con el chantaje de los ingresos por el alto precio de las materias primas y el financiamiento de programas sociales.
En fin, el reto está–para empezar- en abrir el debate, pero si partimos del principio de que “sin minería no hay desarrollo” entonces no dejamos espacio para el diálogo. Si apostamos por una verdadera democracia entonces aceptemos que las poblaciones locales puedan discutir y defender sus propias visiones de desarrollo de manera informada, participativa y sin chantajes. En ese sentido van los compromisos de este gobierno de impulsar un proceso de zonificación económica y ecológica desde las regiones y la construcción de un ordenamiento territorial, para que todos los peruanos podamos decidir hacia dónde vamos como país y qué tipo de legado –cultural, ambiental, económico- queremos dejar a las generaciones futuras. Emprendamos esa discusión con responsabilidad y horizontalidad.
Artículo publicado en la revista IDEELE N° 216
http://www.revistaideele.com/ideele/content/la-gran-transformaci%C3%B3n-%C2%BFsigue-en-marcha
MINERÍA Y CONFLICTOS: URGE ATENDER
La movilización social de rechazo frente a los impactos de la inversión minera en Cajamarca, Apurímac y Ancash no es fruto de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia y la voluntad de los pueblos, menos aún por deficiencias comunicacionales de las empresas extractivas o el propios Estado, sino, es la respuesta a un acumulado de violaciones de derechos, de la imposición de las empresas mineras y del abandono del Estado en la protección y promoción de los derechos de las poblaciones y comunidades locales.
El reto actual está en encarar la agenda que plantea la movilización social. El gobierno no puede continuar con la lógica heredada de la inversión “como sea y donde sea”, no se trata solo de decir si determinado proyecto “va o no va”; sino de definir por fin una institucionalidad política técnicamente sustentada y democráticamente consensuada, sin caer en el chantaje reduccionista de que sin minería no hay inclusión social.
¿POR QUÉ SE HAN ACENTUADO LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES?
La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior, otorgando el visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental. Esto a pesar de la aprobación y promulgación de la Ley de Consulta Previa y sobre cuya reglamentación hay muchas presiones y expectativas. Los empresarios mineros han acelerado sus programas de inversión deslizándose la versión de que “cedieron” con el gravamen minero a cambio de que se concretara la inversión de los aproximadamente 40 mil millones de dólares que involucran a todos los proyectos mineros. Dicha posición -tachada de “chantaje” por algunos- ha concitado también la férrea oposición del pueblo de Andahuaylas de no aceptar la minería ante los funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas y de Agricultura.
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTOS CONFLICTOS?
Los principales problemas se presentan cuando, luego de entregarse la concesión y realizarse la exploración sin efectuar consulta previa alguna (solo hay acuerdos con compensaciones temporales), se inicia la discusión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la población empieza a percibir el inminente impacto en los ríos, lagunas, puquiales y cuencas involucradas y los potenciales perjuicios para la agricultura por falta de agua. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los casos Tambogrande, Islay o Majaz.
Sin embargo, estos EIA se terminan aprobando con diversas irregularidades, por ejemplo, en audiencias con participación de gente llevada por la propia empresa interesada, desplazando a la población local para garantizar el respaldo al proyecto o, peor aún, aprobando el EIA “con cargo a entregar el estudio hidrogeológico el año 2013” como sucedió en el Proyecto Minas Conga. Frente a situaciones como éstas la indignación de las poblaciones afectadas se acrecienta, más aún cuando empiezan a sufrir los impactos ambientales sin que el Estado haga algo para mitigarlos y establecer sanciones efectivas. La labor de OSINERGMIN no ha dado resultados: 54% de multas no cobradas representan casi 70% del monto total de las multas durante el período 2007-2011.
¿QUE AGENDA URGENTE PLANTEAN ESTOS CONFLICTOS?
Esta situación de incremento de las movilizaciones sociales contra la expansión indiscriminada de la inversión minera -en un contexto internacional de crisis financiera mundial que puede afectar la economía peruana- demanda de manera urgente una nueva institucionalidad que garantice la estabilidad política con respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, la cual se expresa en la siguiente agenda:
· Aprobación de la Zonificación Económica Ecológica respetando lo aprobado por los Gobiernos Regionales. Aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial y de una moratoria de concesiones mineras. Mientras no se tengan estos dos instrumentos de planificación no se puede seguir concesionando el territorio de manera indiscriminada, el Perú no es solo un país minero, es un país mega-biodiverso y ese es nuestro principal potencial. Debe establecerse también un límite al área concesionada en un distrito o provincia. No podemos llegar a extremos como el de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde el 97% de su territorio está concesionado a empresas mineras.
· Pronta aprobación del Reglamento de la Consulta Previa recogiendo las propuestas de las organizaciones de los Pueblos Indígenas y respetando el espíritu de la Ley , y del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Por ejemplo, debe establecerse claramente que la Consulta Previa se realizará antes de la entrega de concesiones mineras.
· Revisión de los EIA observados por las poblaciones y/o autoridades locales y, si corresponde, su adecuación al Convenio 169 de la OIT. La aprobación de los EIA así como la propia Autoridad Nacional del Agua deben pasar a integrar la institucionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM). El Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA), adscrito al MINAM, debe concentrar la evaluación y fiscalización ambiental además de su labor de supervisión de las instancias de gestión ambiental del Estado. La evaluación de los EIA debe incluir la opinión de los gobiernos regionales. El Estado debe contratar a las empresas evaluadoras, previa transferencia de recursos de las empresas interesadas. Es necesaria, además, la elaboración y aprobación de una guía de evaluación ambiental hoy inexistente.
Estas son algunas de las reformas pendientes y que inciden directamente sobre la gobernabilidad democrática, la que debe ser entendida no como gestión de conflictos sino como construcción colectiva – e institucionalización- de una agenda que recoja las necesidades y expectativas de las poblaciones, en este caso, de aquellas afectadas por proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. Solo así podremos desarrollar un Estado más racionalizado, eficiente y construir una verdadera inclusión social.
21/11/2011. Verónika Mendoza Frisch.
El congreso tiene la palabra
Fiscalización y Control Ambiental: El Congreso tiene la Palabra
Es probable que mucha gente no sepa que hemos pasado de tener un débil sistema de fiscalización y sanción ambiental en el sector energético y minero a uno prácticamente inexistente. En efecto, la llamada Oficina de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha sido “reemplazada” desde el 2008 por un Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) -adscrito al Ministerio del Ambiente- que no puede evaluar ni fiscalizar a nadie en vista de que se lo impide su propio marco legal de creación.
Recordemos que el Ministerio del Ambiente fue creado por el Decreto Legislativo N° 1013 en mayo del 2008 cuando el Congreso de la República le otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para la implementación del TLC Perú-EEUU. Sin embargo, fue el condicionamiento del Banco Mundial y el BID para financiar Camisea, fue la que forzó la creación del Ministerio del Ambiente muy a pesar del gobierno de Alan García, más bien interesado en llevar adelante las inversiones en industrias extractivas sin tomar en consideración las implicancias ambientales y sociales para nuestro país.
Nacidos en estas condiciones, tanto el Ministerio del Ambiente como el OEFA tienen serias deficiencias estructurales que este nuevo gobierno deberá superar para una gestión ambiental eficiente y eficaz. La primera, es la dispersión de la función de evaluación ambiental en diferentes sectores del Ejecutivo, sectores que promueven las inversiones y a la vez aprueban los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), es decir, terminan siendo “juez y parte”. La segunda es la imposibilidad legal de fiscalizar a las empresas porque esta función ha sido transferida de la Osinergmin al OEFA mediante un Decreto supremo (DS 001-2010-MINAM ) y no por ley como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cuando dice que “Los Ministerios son creados, fusionados o disueltos mediante ley a propuesta del Poder Ejecutivo…” (Ley N° 29158, artículo 22, numeral 5). En consecuencia, el OEFA no tiene competencia para evaluar ni fiscalizar a las empresas extractivas.
Esta situación es la que resuelve el Proyecto de ley N° 180 presentado el 13 de setiembre al Congreso, sin embargo, de manera incomprensible, ha sido derivado a la Comisión de Descentralización como comisión principal, cuando este proyecto ambiental le competente fundamentalmente a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Esperamos la corrección del caso para superar las argucias empleadas en el pasado para que primen intereses ajenos al bienestar de las mayorías y el desarrollo sostenible.
Hoy en el Perú, la superficie de nuestros glaciares se ha reducido en un 22% en los últimos 35 años y hemos perdido alrededor del 12% en volumen de agua; tenemos cerca de 4 millones de hectáreas desertificadas, 31 millones en proceso de desertificación, es decir, 24% del territorio nacional; tenemos 6847 pasivos ambientales de la gran minería, depredación de bosques por el avance de la minería informal alcanza las 7000 hectáreas de bosques tropicales deteriorados en los últimos 15 años en Madre de Dios, existen 118 conflictos socioambientales vigentes. ¿No son éstas razones suficientes para darle su lugar a la gestión ambiental en la agenda política del país?
Publicado en el diario El Peruano el 11 de octubre del 2011 p12. http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=0w0w9mZ22rA=
Lo que se debe consultar
La semana pasada (19/09/11) mencionamos que uno de los desafíos de la implementación de la Consulta Previa radica en reglamentarla de manera que no se desnaturalice su esencia.
Se han oído y leído diversas opiniones sobre los temas que deben ser objeto de consulta. La mayoría de éstas han surgido de intereses más bien ajenos a los derechos de los Pueblos indígenas. Sin embargo, es bueno recordar que, además de la Ley de Consulta, el Estado peruano ha asumido de manera soberana otros instrumentos de derecho internacional que ya estipulaban explícitamente algunos temas a ser consultados. Nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), al Convenio 169 de la OIT (C169), y a la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos indígenas (Declaración). Estos son los instrumentos normativos rectores de la reglamentación de la ley de la Consulta. Bien
Para empezar, la propia reglamentación de la Ley de consulta, al ser una medida normativa que afectará a los Pueblos indígenas, debe ser objeto de consulta. Por lo tanto el Vice Ministerio de Interculturalidad y los diferentes sectores del Poder Ejecutivo así como el Poder Legislativo tendrán que consultar a los Pueblos indígenas durante el proceso mismo de la reglamentación.
Luego están las siguientes materias:
En el Poder Legislativo, en general, cualquier medida legislativa o administrativa que afecte directamente a los Pueblos indígenas y, en particular, al discutir la reforma del procedimiento de iniciativa legislativa para incorporar el deber de consulta (arts.6.1.a. del C169 y 38 de la Declaración ).
En el sector Cultura, en cuanto a medidas para combatir la discriminación y los prejuicios (art.15.2 de la Declaración ), en cuanto a la adopción de políticas culturales específicas, y sobre medidas de restitución de bienes culturales indígenas (art.11.2. de la Declaración )
En el sector Trabajo, respecto a medidas que combatan la explotación de niños indígenas (art.17.2 del C169)
En los sectores Relaciones Exteriores y Defensa, en relación a medidas que faciliten el derecho a la comunicación entre pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales (art.36.2 de la Declaración ).
En el sector Educación, respecto a la adopción de medidas que permitan alcanzar el pleno goce al derecho a la educación intercultural bilingüe (art.28.1 del C169)
En el sector Defensa, antes de la utilización para actividades militares de las tierras indígenas (art.30.2 de la Declaración )
En el Sector Agricultura, en relación a la utilización o explotación de recursos hídricos (art.32.2 de la Declaración ), a la transmisión de derechos sobre las tierras (art.17.2 del C169)
En el sector Ambiente, respecto al no almacenamiento de materiales peligrosos (como residuos tóxicos, por ejemplo) en tierras y territorios indígenas (art.29.2 de la Declaración )
En el sector de Energía y Minas, “antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes” en tierras indígenas estableciendo cómo se determinarán “los beneficios que reporten tales actividades” así como la “indemnización equitativa” producto de eventuales daños que sufran debido a actividades extractivas (artículos 15.2 del C169 y 32.2 y 32.3 de la Declaración ). Cuando se trate de reubicaciones o traslados de pueblos, se requerirá además el consentimiento y no bastará sólo la consulta (art.21 de la CADH , arts.16.2 del C169 y 10 de la Declaración )
En varios sectores, cuando se trate de “planes de desarrollo e inversión a gran escala” (según la Corte Interamericana
Esta es una enumeración mínima y relativa solamente a los casos explícitos en los que hay deber de consultar. Como vemos, no se reduce en absoluto a los casos de conflictos socio-ambientales ni a un sector en particular. Por lo tanto, el argumento de que la Ley de Consulta “afectará la competitividad” de determinados sectores productivos está totalmente fuera de lugar. Lo que está en juego, reiteramos, es el respeto y el desarrollo de los derechos de los pueblos y, en ese mismo sentido, la profundización de la democracia con un enfoque intercultural.
Publicado en el diario El Peruano el 27 de setiembre del 2011 - p13. http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=CUav3JMW41o=Esencia de la Ley de Consulta Previa.
Primero está está el respeto a Derechos de los Pueblos Indígenas
La aprobación de la Ley de Consulta Previa nos invita a una reflexión sobre su real propósito así como sobre los desafíos de su implementación. En cuanto a lo primero, hay que recordar que el deber del Estado de consultar a los Pueblos Indígenas es antes que nada un medio para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales: a la vida, a la salud, a la educación intercultural, a un ambiente sano, a sus tierras, territorio, y a un largo etcétera enumerado en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. El derecho a la consulta deriva del derecho a la libre determinación.
Tras su aprobación, se ha señalado que la consulta será una importante herramienta para resolver conflictos socio-ambientales. No nos cabe duda que así será, sin embargo, esa no es la esencia de la ley ni del principio de consulta. En pocas palabras, no se consulta a los pueblos indígenas para reducir la conflictividad social sino se les consulta para respetar su condición de pueblos y sus derechos fundamentales. Es un enorme desafío de este nuevo gobierno recuperar su credibilidad, restablecer el diálogo mortalmente roto con los Pueblos Indígenas, y reconstruir el principio de autoridad –que no debe ser confundido con un principio represivo. Pero se trata primero y sobre todo de promover el reconocimiento y el desarrollo de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales, cumpliendo con un compromiso que el Estado peruano había asumido 16 años atrás con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Este último, así como la Declaración de Naciones Unidas plantean claramente este enfoque de derechos. No lo perdamos de vista.
No lo perdamos de vista cuando se plantee los desafíos de la reglamentación y de la implementación de la ley de Consulta. La Ley establece principios metodológicos y algunas tareas específicas (algunas ya presentes en el Convenio 169 y la Declaración) pero es necesario que el Vice Ministerio de Interculturalidad emita un Reglamento con normas básicas que constituyan un marco para la actividad reglamentaria de los demás sectores con necesidades específicas del Poder Ejecutivo: Energía y Minas, Cultura, Educación, Defensa, Inclusión Social, Vivienda y Transportes, etc. Por cierto, el Poder Legislativo también tiene la tarea de adecuar su procedimiento al deber de consultar medidas legislativas. El real desafío está en que estos procedimientos no desnaturalicen la Ley de consulta ni el Convenio 169, ni la Declaración de Naciones Unidas, ni contravengan la jurisprudencia vinculante en asuntos indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reglamentación de la Ley de consulta no debe ceñirse únicamente a los supuestos de conflicto socio-ambiental sino principalmente al respeto de los derechos fundamentales indígenas.
Publicado en el diario El Peruano el 19 de setiembre del 2011 - p11. http://www.elperuano.pe/edicion/noticia.aspx?key=XyVK+0rMkX8=
Por una democracia con esencia intercultural
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